8. [Agua] Recientemente se ha modificado la Ley de Aguas, siendo duramente criticada por algunos sectores sociales ¿Cómo piensa que debe establecerse la política hídrica en relación a las cuencas hidrográficas y qué cambios normativos considera necesarios?

El BNG ha sido siempre crítico con las reformas en materia de aguas, como las recientes, que han pretendido introducir la instauración de los mercados del agua, como nueva orientación en la planificación hídrica del Estado español, de manera que en las próximas inversiones públicas en obras hidráulicas se potenciarían las actuaciones económicas más rentables. Creemos que no debe ser criterio determinante que las intervenciones públicas en materia hidráulica tengan que acreditar su rentabilidad económica de acuerdo con los usos futuros del agua.

Tampoco estamos conformes con el criterio de poner la política del agua al servicio del resto de las políticas sectoriales, en el sentido de impedir que las limitaciones del suministro sean una dificultad para el desarrollo de actividades sectoriales, como se afirmaba en el Libro Blanco del Agua sobre que “la política del agua debe estar dirigida a evitar el estrangulamiento de actividades económicas vinculadas a la misma”.

Al contrario, debe abogarse por integrar la política del agua con otras políticas, cuestión distinta a ponerla al servicio bajo una criterio de subordinación. La política del agua debe tener entidad suficiente para influir decisivamente en el resto de actividades económicas. Por tanto, el agua debe ser elemento fundamental en la ordenación del territorio, en la política agraria, o en la política industrial y del sector turístico, y la planificación hidrológica debe ser el cauce para coordinar esas políticas, y no simplemente el instrumento de sumisión de la política de agua a estas últimas.

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Somos favorables a que las políticas de aguas se desarrollen dentro de las cuencas. Por ello somos contrarios a los trasvases. Por cierto que el PP debería aclarar antes de las elecciones cual es su punto de vista con respecto a los trasvases. No se debe olvidar la gran cantidad de pozos ilegales que extraen de manera irregular agua subterránea, proponemos abordar este problema. El cambio climático nos pondrá aumenta la presión sobre los recursos hídircos y son urgentes medidas que aboguen por promover la eficiencia y el ahorro.

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En relación con el agua, dada la importancia que tiene para la vida, en Izquierda Unida – Los Verdes defendemos que sea un derecho humano y un bien público de gestión pública. Por ello entendemos la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión integral de los ecosistemas. En dicha gestión debe garantizarse una amplia participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

El agua es un bien común que debe gestionarse como un recurso público no mercantil, un bien universal con acceso garantizado como un derecho humano. La nueva cultura del agua reclama el principio de la recuperación de costes, incluidos los ambientales en todos los servicios relacionados con el agua, en concordancia con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

El agua es más que un recurso aprovechable, es un bien público, una parte del paisaje y elemento fundamental para el soporte de la vida y los ecosistemas.

Una política de uso social, racional y sostenible del agua debe primar la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral; y mantener la capacidad de renovación de los ríos, humedales, aguas costeras de transición, y acuíferos, asegurando los caudales ecológicos y la los planes de cuenca.

Apoyamos por tanto el modelo de administración que estima necesario mantener la unidad de gestión y de cuenca hidrográfica estatal o interestatal, considerando a la vez la necesidad de equilibrar la capacidad de intervención en la toma de decisiones de las distintas autoridades competentes.

La cuenca hidrográfica debe ser el elemento básico de gestión del agua por ser en sí misma un sistema ecológico, hidrogeológico e hidrológico.

Cuando los límites administrativos no coinciden con los de la cuenca hidrográfica debe establecerse un sistema de coordinación que permita la unidad de gestión e integre a las autoridades coordinadas con facultades de decisión apropiadas a las funciones que desempeñan.

En el ámbito estatal el objetivo podría lograrse con una ampliación de la capacidad de decisión de los Comités de Autoridades Competentes en los que las Comunidades Autónomas tuvieran una capacidad de decisión y veto adecuada a las funciones que desempeñan (territorio, población, competencias,…).

En el ámbito interestatal deberían establecerse acuerdos internacionales que permitieran un Plan Internacional de la demarcación, o cuenca, que coordine los respectivos planes hidrológicos parciales, las medidas, el seguimiento y la consecución de los objetivos medioambientales.

Las llamadas Confederaciones Hidrográficas han de ser objeto de una profunda actualización para adaptarse a un sistema de conocimiento interdisciplinar, una gestión democrática y participativa más activa y real, y la consecución efectiva de los objetivos de protección y uso sostenible.

La gestión de cuencas intercomunitarias, con respeto a su carácter de sistemas naturales unitarios sobre los que tienen competencias diferentes administraciones, puede ser (legalmente lo debe ser) un reto y un laboratorio de prácticas sistemáticas de transferencia de información, definición compartida de objetivos, compatibilización de actuaciones, institucionalización de instancias de cooperación y de toma compartida de decisiones vinculantes.

Es decir, las cuencas intercomunitarias, compartidas, en lugar de foco de conflicto, pueden ser espacios para desarrollar las nuevas experiencias de cogobierno que nuestra distribución de competencias entre las diferentes administraciones públicas exige.

El Comité de Autoridades Competentes es una ocasión apropiada para dar cobertura legal e institucional a la referida necesidad de coordinación y cooperación. Lo contrario a lo hecho hasta el momento. El Comité debería de ser un órgano compuesto por representantes bien reconocidos, representativos y autorizados de las diferentes administraciones con competencias. Dotado de las competencias de coordinación, no mera cooperación como la normativa que los creó establece. Este Comité debería impulsar la información e implicación, en el proceso de planificación y posterior aplicación del programa de medidas, de los agentes sociales y de la ciudadanía que se ha mantenido al margen.

Proponemos profundos cambios de composición en las Confederaciones Hidrográficas. Desde el punto de vista organizativo: cambio profundo de la composición y dinámica de funcionamiento de los órganos de participación y de manera especial del Consejo de Agua de la Demarcación, cambio que podría ir en la línea de lo que planeaba la non nata reforma de la Ley del Agua de 2007 que acababa con la hegemonía de los agentes usuarios concesionales del agua (concesionarios de riego y de generación de electricidad), más la articulación de mecanismos prácticos de coordinación interadministrativa, no sólo en el terreno directivo sino también en el campo técnico (grupos de trabajo conjuntos sobre temas o espacios concretos en los que confluyen los efectos de distintas políticas derivadas de distintos ámbitos y áreas de gobierno).

Cambio de prioridades y objetivos son básicos. Priorizar la recuperación de las funciones naturales de los ecosistemas acuáticos para garantizar a largo plazo el disfrute de los servicios que estos ecosistemas nos proporcionan gratuitamente (agua de buena calidad y en cantidad suficiente, paisaje, biodiversidad, transporte de sedimentos, valores recreativos, culturales, educativos y estéticos, etc).

Garantizar el acceso a agua de buena calidad a toda la población, previniendo los usos abusivos o inadecuados mediante el uso de instrumentos económicos, normativos y de comunicación.

Aplicar el principio de recuperación de los costes asociados al suministro de agua y tratamiento de efluentes y fuentes de deterioro de los ecosistemas acuáticos a los usuarios económicos del agua, eliminando las subvenciones cruzadas entre usuarios domésticos y económicos.

Revisar la priorización de los usos económicos del agua establecida en la Ley del Agua y en los planes hidrológicos de demarcación para dar cabida a nuevos sectores económicos con alto valor añadido y consumo limitado de agua.

Flexibilizar el procedimiento del régimen concesional para evitar la fosilización de los derechos concesionales otorgados. Teniendo en cuenta que el principal sector usuario de agua en la España es el sector agrario se debe abordar seriamente la reestructuración de este sector. La apertura del debate sobre el nuevo ciclo de la política agraria común de la UE vuelve a poner sobre la mesa el asunto. La relación del sistema agrario con la conservación de los ecosistemas dependientes del agua tiene que tener protagonismo ahora en “Bruselas”.

Con carácter general, se necesita incrementar substancialmente la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía sobre los derechos de uso de agua otorgados (beneficiarios), las condiciones de los mismos (para qué, dónde, cuánto, con qué requisitos) y los mecanismos de control utilizados por las administraciones públicas, para garantizar el cumplimiento de dichas condiciones, incluyendo los incumplimientos detectados.

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Efectivamente, es muy difícil justificar la urgencia y la excepcionalidad, para aprobar por vía de Real Decreto-ley y sin posibilidad de debate, la modificación de la Ley de Aguas para determinar una situación competencial en materia del dominio público hidráulico, para solucionar una situación aclarada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2011, que declaró inconstitucional y nulo el atribuir a las CCAA competencias exclusivas sobre las aguas. Primero, es necesario tener claro que es lo que queremos y debemos hacer. La Comisión Europea emitió en 2010 un dictamen motivado contra España por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Es fundamental mantener la unidad de cuenca y terminar el proceso de Planificación de Cuencas, que acumula un retraso de más de dos años.

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Tenemos una Ley de Aguas que data de 1985, y mira que han ocurrido cosas desde entonces: Europa ha desarrollado con amplitud toda la directiva de aguas (en buena parte tomando como referencia el modelo español de unidad de cuenca). Se ha ido acumulando un recorrido en materia de descentralización administrativa que poco imaginaba el legislador cuando elaboró la Ley. Las proyecciones científicas vinculadas al estudio del Cambio Climático dibujan escenarios de futuro que tampoco estaban presentes en el momento en el que se redactó la Ley.

En conclusión, es inaplazable una obligada actualización de la legislación en materia de agua en nuestro país que actualice el régimen económico para incentivar el uso eficiente del agua y reducir la contaminación; que establezca criterios para justificar posibles excepciones al principio general de recuperación de costes; que fomente el uso integrado de las aguas superficiales y las subterráneas; que posibilite la reasignación de las concesiones de uso del agua a través de los Bancos Públicos de cada cuenca; y que consolide una arquitectura de responsabilidades compartidas acorde con las competencias de cada una de las Administraciones.

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Consideramos que es necesario revisar toda la política hídrica de cada una de las Cuencas Hidrográficas y aplicar elementos de análisis que lleven a una mayor racionalidad de los recursos y mejor aprovechamiento de los mismos, incluidos aquellos susceptibles de producir energía renovable, además de atender las necesidades de agua de boca, industrial, riegos, etc.

Todo ello bajo un concepto de solidaridad entre las regiones de España. De lo contrario, todos saldremos perdiendo. El agua es un bien público y su administración debe de estar por encima de las administraciones autonómicas.